Entre la corrupción y el descontento

Aparecen los días más complicados para Kirchner. La campaña entra en un tramo clave y surgen dudas sobre la transparencia del Gobierno. El humor social se enrarece por los problemas cotidianos. El papel de la oposición.
La presencia de la corrupción acecha por primera vez al gobierno de Néstor Kirchner. Retornó con un grado de violencia y descontrol inusitados la reacción social por las pésimas condiciones del transporte público. El poder se entreveró en una pelea con el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien pidió la separación de Guillermo Moreno por adulterar los índices inflacionarios del INDEC. La tensión ha disminuido en Santa Cruz, pero por la solución del prolongado conflicto con docentes y estatales el Gobierno pagará un precio político y económico caro.
El problema no radica en la sucesión de conflictos que la Argentina siempre tuvo —aun peores— y los seguirá teniendo por muchos años. La acumulación de esos conflictos se produce ahora en época electoral y podrían tener, en todos los casos, un fuerte impacto sobre la sensibilidad y el humor popular. Reparemos en el primer caso. El Gobierno edificó su fama sobre supuestos valores de estricta transparencia para administrar los asuntos públicos. Tuvo, además, una mirada severa, condenatoria y maniquea acerca de episodios similares ocurridos en el pasado. Las primeras derivaciones del affaire Skanska lo están devolviendo a la triste realidad.
El Gobierno parece venir en ese tema, como en otros, a la zaga de los acontecimientos. Hace semanas que se había atrincherado en la teoría de que las coimas pagadas por la empresa sueca habían circulado entre privados y nunca aterrizado en el Estado. Jamás pudo explicar con convicción, sin embargo, el sobrecosto sideral que tuvo la obra del Gasoducto del Norte. La celeridad con que Kirchner fulminó a un par de funcionarios (Fulvio Madaro, de Enargas y Néstor Ulloa, de Nación Fideicomisos) podría estar demostrando dos cosas: que el Gobierno posee ahora más información de la que siempre confesó; que no podía continuar como espectador pasivo de un escándalo detonado por la AFIP y trasladado por la oposición a la escena pública.
¿Terminará allí la historia? Nadie lo sabe. Hasta los hombres del Gobierno han perdido la seguridad que ostentaban semanas atrás. Habrá que esperar los resultados de la declaración indagatoria que el juez Guillermo Montenegro debe tomarle a Madaro y Ulloa. Habrá que aguardar otras acciones del fiscal Carlos Stornelli, que posee varios datos importantes en las cintas que grabó a testigos. Esos datos llevaron las aguas de las sospechas hasta las arenas oficiales. Otros datos empujarían la pista de las coimas hacia empresas que también tomaron parte del gasoducto
El Gobierno tuvo en sus horas amargas conductas incomprensibles y llamativas. Incomprensible resultó el decreto que cesanteó a Madaro y Ulloa sustentado en una hipotética información que Stornelli le brindó con discreción a Aníbal Fernández. Incomprensible fue que se mezclara la investigación de un caso espurio con conjeturas electorales. ¿Stornelli colaborando en el futuro con Daniel Scioli? Esa fue una conversación de hace dos meses entre ambos que quedó en la nada. La conversación se originó en una consulta del vicepresidente sobre una cuestión de seguridad.
Stornelli le comunicó al ministro del Interior que había resuelto imputar a Madaro y Ulloa. Una comunicación es muy distinta a una consulta. Aunque esa comunicación pudo haberla concretado por los canales formales, el procurador general, Esteban Righi. El fiscal cumplió con un pedido que le hizo en una ocasión Graciela Ocaña, a quien conoce desde los tiempos del ARI. La jefa del PAMI le planteó esa inquietud en vísperas de que Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, hiciera aquel informe al Congreso sobre Skanska que levantó polvareda.
Llamativa aunque políticamente correcta resultó la reacción del Gobierno con los dos funcionarios bajo sospecha. ¿Por qué llamativa? Había actuado de manera diferente en otro caso parecido. El ex secretario de Agricultura, Miguel Campos, estuvo en su cargo mucho tiempo con un proceso en primera instancia del juez Rodolfo Canicoba Corral, que después se transformó en sobreseimiento. Pero ahora hay apremios que no había entonces: el caso Skanska podría terminar convertido en una caja de Pandora y el matrimonio Kirchner juega su continuidad en octubre. El Presidente habló con Julio De Vido antes de tumbar a Madaro. El ministro lo entendió.
Aun cuando el escándalo repone la certeza de la corrupción en la política que la mayoría presume, también ayuda a desairar a algunos de los innumerables supuestos. La versión de Stornelli en la política es uno de ellos. "El fiscal está molesto. Si pretenden invalidar lo que hace en el caso Skanska se equivocan. Si quieren correrlo del asunto, también. Hará todo lo que estime justo y necesario", comentaron a su lado. Se especuló además con el papel que cumpliría Montenegro, designado por la administración kirchnerista y uno de cuyos actos iniciales fue dejar la causa por los fondos de Santa Cruz en el exterior. Al menos en el caso Skanska, el juez no se distrae.
Otra cuestión meneada siempre es la debilidad institucional, verdadera, y la anomia de la oposición. Es cierto que la oposición no ha logrado aún armonizar un proyecto y un liderazgo que seduzca a la sociedad. Es cierto que sus posibilidades de triunfo en octubre asoman remotas. Pero la mayoría opositora, sobre todo Elisa Carrió, el PRO y los radicales, fue tenaz y consecuente con el caso Skanska. La oposición, si no alcanza el poder, debe vigilar a ese poder.
El problema central del caso Skanska es el pago de las coimas, pero también el manejo de fondos para obras públicas que el Gobierno maneja con discrecionalidad. Algo parecido ocurre con los subsidios al transporte que siguen aumentando sin que el servicio de esos transportes mejore. No es suficiente, se ve, con compensar las tarifas bajas. Veamos el caso de los trenes. En el 2005 hubo un estallido de furia colectiva en la estación Haedo por la deficiente prestación. Un año y medio después la historia se repitió en Constitución. Vuelven los problemas irresueltos.
Aquel episodio de Haedo terminó con una refriega y un reguero de sangre. Hubo constatación posterior de que militantes de Quebracho habían aprovechado el cansancio de los usuarios por un trato abusivo de la empresa. No existió, en cambio, ninguna evidencia de que grupos ultras hayan actuado la semana pasada en Constitución. Pero en ese caso también el hartazgo de la gente devino en una violencia descomunal. El diagnóstico resultaría inquietante: hay un componente de violencia enquistado en la comunidad, que cada tanto causa conmociones. Santa Cruz es otro ejemplo.
Los trenes son un dilema. Los aviones son otro dilema. La palabra oficial en ese tema no suena fiable. Entre la supuesta normalidad que acostumbra a defender la ministra de Defensa, Nilda Garré, y la denuncia de los gremios aeronáuticos sobre graves irregularidades se abre un abismo: en los últimos diez días se conocieron tres episodios de aviones comerciales que habrían estado a punto de chocar. El conflicto tiene otro componente que lo torna complejo e indescifrable: las intrigas y las peleas de los gremios con el personal aeronáutico militar. Garré debe dar esta semana un informe ante la Comisión de Defensa del Senado. Ese informe se frustró días pasados cuando la ministra propuso a los senadores compartirlo en un cuartel con jefes de las tres armas. La oposición se negó.
A esta altura, las explicaciones del Gobierno y las advertencias que lanza Kirchner contra los prestadores de los servicios tienen el efecto de una aspirina. Sería quizá mejor reconocer que el servicio de transporte está cada día al borde de un colapso y que los resultados de la gestión en esa área después de casi cuatro años no son los esperados.
Tampoco el Gobierno debió haber imaginado que su intromisión en el INDEC lo iba a tener sometido tanto tiempo a la incomodidad. Esa incomodidad ni siquiera cedió cuando Kirchner dispuso que dos profesionales del organismo y delegados sindicales se hicieran cargo de la reorganización. El pleito tiene dos partes: económica, porque los índices reflejan menos que siempre la evolución de los precios; política, porque se coloca en duda la credibilidad oficial y se permite a la oposición debatir en un terreno que tenía vedado.
La oposición hizo una denuncia penal por adulteración de los índices. El fiscal de esa causa es también Stornelli. Pero la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se despachó con un pedido de separación de sus cargos de Moreno y de Beatriz Paglieri, la directora del Area de Precios del INDEC. El poder tuvo reacciones ambivalentes. Cuestionó con derecho las fundamentaciones de la Fiscalía. Pero creyó ver también el sobrevuelo de fantasmas: Garrido, el titular de la Fiscalía nombrado por el Gobierno, tiene un parentezco indirecto con el ex ministro de Salud delarruista, Héctor Lombardo. ¿Una confabulación radical?
Esas alucinaciones suelen ser producto de cierta desesperación o atizadas también por la añoranza de las épocas sin complicaciones. Una complicación es que Kirchner dejó de controlar la iniciativa política que por instantes disfruta la oposición y que la mayoría del tiempo pertenece al imperio de la realidad. Otra complicación es que la buena economía comenzó a ser desalojada por las noticias indeseadas.